Lo dice la Fundación Renovables, que habla explícitamente de «mala praxis» por parte de estas empresas (las tres mencionadas y EDP controlan el 90% de las redes de distribución de electricidad en España). «Mala praxis» en materia de autoconsumo y comunidades energéticas que ya se ha traducido en un «estancamiento» de ese mercado y que está poniendo en riesgo la transición energética del país. Frente a ello, la Alianza por el Autoconsumo (de la que forma parte la FR) acaba de publicar un Manifiesto (abierto a la firma) en el que pide «un nuevo marco regulatorio que ponga, negro sobre blanco, las obligaciones que tienen las empresas distribuidoras», y en el que plantea explícitamente que estas cobren o dejen de cobrar en función de si prestan o no los servicios que deben prestar para acelerar la susodicha transición.
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