La compra pública responsable supone un avance en las formas de llevar a cabo la contratación pública, donde a la consideración de criterios de relación entre calidad /precio y de imparcialidad en los procedimientos de contratación (transparencia e igualdad), se añaden parámetros medioambientales, sociales y éticos, mejorando así el comportamiento ambiental y social de las Administraciones Públicas con el objetivo de reducir la degradación medioambiental y lograr una mayor cohesión social.
La contratación pública no es sólo un instrumento para la ejecución de obras, establecimiento de servicios o prestación de suministros, sino que también presenta un gran potencial para impulsar políticas públicas sociales o ambientales. La política de contratación pública está orientada a la consecución de objetivos de eficiencia económica pero también puede tener como orientación la consecución de objetivos sociales o ambientales.
El sector público puede y debe asumir un papel protagonista como líder y motor del desarrollo de la responsabilidad social, incorporando los criterios éticos, sociales y ambientales en las decisiones de compra y contratación, lo que además, impulsaría la adopción de dichos criterios por parte de las empresas contratadas o proveedores e incluso por los licitadores privados.