El informe ofrece datos inéditos e incluye un análisis detallado sobre cómo las políticas públicas de alquiler han disparado la inseguridad residencial y la precariedad económica, especialmente en ciudades como Madrid y Barcelona.
Desde la promulgación del Decreto Boyer en 1985, las reformas legislativas han priorizado los beneficios inmobiliarios sobre la estabilidad de la población. Esta situación ha agravado la carga financiera de los hogares y ha convertido el alquiler en sinónimo de estrés e inestabilidad.
El informe concluye con una serie de reformas que equilibrarían la balanza entre arrendadores e inquilinos, garantizando el derecho a una vivienda digna y asequible.
