La gobernanza hace referencia a todos los procesos de gobierno, las instituciones, los procesos y las prácticas a través de los cuales se deciden y regulan las cuestiones de interés común. La buena gobernanza añade un atributo normativo o evaluativo al proceso de gobernar. Desde la perspectiva de los derechos humanos, se refiere principalmente al proceso mediante el cual las instituciones públicas dirigen los asuntos públicos, gestionan los recursos públicos y garantizan la realización de los derechos humanos.
Aunque no existe una definición internacionalmente acordada de «buena gobernanza», puede abarcar los siguientes temas: pleno respeto de los derechos humanos, Estado de Derecho, participación efectiva, asociaciones de múltiples actores, pluralismo político, procesos e instituciones transparentes y responsables, un sector público eficiente y eficaz, legitimidad, acceso al conocimiento, la información y la educación, capacitación política de las personas, equidad, sostenibilidad y actitudes y valores que fomenten la responsabilidad, la solidaridad y la tolerancia.
La verdadera prueba de la «buena» gobernanza es el grado en que cumple la promesa de los derechos humanos: derechos civiles, culturales, económicos, políticos y sociales. La pregunta clave es: ¿garantizan efectivamente las instituciones de gobierno el derecho a la salud, a una vivienda adecuada, a una alimentación suficiente, a una educación de calidad, a una justicia imparcial y a la seguridad personal?
La gobernanza, puede considerarse como un concepto «paraguas» que engloba a otros conceptos como el de «gobierno abierto», gobierno en red, y similares. En los últimos años se está avanzando en la transparencia de las instituciones y políticas públicas; la consulta y la participación de grupos económicos y sociales; mejora en los sistemas de exigencia de responsabilidades, etc. Surgen como principios orientados a afianzar la legitimidad democrática y colmar un déficit de gestión innovadora en un mundo que se ha vuelto más complejo y de evolución incierta. Este modelo de decisión está orientado a satisfacer las preferencias sociales definidas entre el gobierno y la sociedad, y realizadas mediante acciones, recursos, herramientas y formas de organización consensuadas. En este modelo, el gobierno es un actor más, con un nivel relativo de influencia, que actúa mediante redes de colaboración, junto con otros niveles de gobierno y actores económicos y sociales. El papel del gobierno no se reduce a diseñar y ejecutar políticas públicas, rindiendo cuentas de los servicios prestados de forma supuestamente independiente y totalmente responsable, sino que además debe contribuir a la creación y fortalecimiento de redes, promover procesos de participación, acuerdos de colaboración, coordinación y resolución de conflictos, y compartir la responsabilidad con otros niveles de gobierno y la sociedad para el funcionamiento y la mejora de las políticas y las instituciones públicas.
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