La irrupción de la Agenda 2030 de Desarrollo Sostenible ha cambiado (ampliado y complejizado) el concepto de los objetivos de desarrollo a los que los países se han comprometido. A la faceta social (lucha contra la pobreza) del concepto tradicional de desarrollo se le han añadido las facetas políticas, medioambientales y económicas; y a la perspectiva exterior, se le ha añadido ahora la doméstica y local.
Esta transformación en el concepto de desarrollo afecta también al compromiso con la coherencia, dado que ha cambiado el estándar respecto al cual han de alinearse las políticas públicas. Así, la coherencia de políticas, en relación con la Agenda 2030, exige que las administraciones públicas consideren sistemáticamente en el diseño, implementación y evaluación de sus políticas, los efectos de éstas en el bienestar humano de las generaciones presentes en el propio territorio (“aquí y ahora”), en las generaciones futuras (“impactos más tarde”) y en las personas que viven en otros países (“impactos con dimensión exterior o impactos transfronterizos”). Para poder conseguir esto, la Agenda 2030 ha incluido entre las metas sistémicas del ODS 17 a la Coherencia de Políticas para el Desarrollo Sostenible (CPDS), como una herramienta necesaria para la implementación de sus objetivos.
Según la OCDE, la Coherencia de las Políticas para el Desarrollo Sostenible (CPDS) es “un procedimiento para integrar las dimensiones del desarrollo sostenible en el proceso de elaboración de políticas nacionales e internacionales. Sus objetivos en el contexto de la Agenda 2030 son impulsar la aplicación integrada de la Agenda 2030 mediante las siguientes acciones:
1.- fomentar las sinergias y maximizar los beneficios en los sectores de la política económica, social y medioambiental;
2.- buscar el equilibrio de los objetivos de política doméstica con los ODS reconocidos internacionalmente; y,
3.- abordar las repercusiones transfronterizas y a largo plazo de las políticas, incluidas aquellas que probablemente afecten a los países en desarrollo”.
Continuando con la visión de la OCDE, la CPDS no es ni más ni menos que un llamamiento a las instituciones públicas (y al resto de actores involucrados) a “ajustar sus mandatos, políticas y objetivos sectoriales a los ODS y a tomar sus decisiones conociendo y teniendo en cuenta las interacciones (sinergias y compensaciones) entre las áreas económica, social y medioambiental, con el objeto de abordar las múltiples dimensiones de los retos en materia de desarrollo sostenible de la forma más equilibrada posible”.